Vale que esta imaginaria carta de tu operadora de ADSL es un tanto catastrofista; cierre de webs, rotura de neutralidad y software espía de una tacada. Pero...¿quién nos iba a decir que a estas alturas, estaríamos ante la posibilidad de que se apruebe una ley abiertamente anticonstitucional, metida de tapadillo en una "ley de economía sostenible", con el consejo de los EEUU de que se apruebe directamente, sin enmiendas, para que la ley no salga "debilitada"?
Por supuesto, esta carta ficticia es absolutamente irreal; irreal, digo, porque nunca una operadora informaría tan exactamente de algo, claro ;-)
Y es que no estamos hablando de contenidos gratis. Estamos hablando de libertad de expresión y de aprobar una ley torticeramente para privilegiar a una industria obsoleta que no se adapta al mercado. Estamos hablando de darle a mega-empresas una ley-martillo que les permite ejercer la censura sin juez por medio. Y de esta ley van a surgir abusos, digan lo que digan nuestros amados políticos. Nada impide a cualquiera denunciar a cualquiera de las webs citadas en mi carta ficticia con cualquier excusa basada en el copyright, al igual que cierto cantante de medio pelo (de cuyo nombre no quiero acordarme) utiliza como maza de combate el concepto "derecho al honor" para censurar lo que no le gusta. Afortunadamente, en ese caso, siempre ha habido de por medio un juez. ¿Qué va a impedir a ese personaje utilizar esta nueva ley como recurso para censurar cualquier voz discordante con su desquiciado concepto del derecho al honor?
Pero no. Según nuestros políticos, debemos confiar en que esta ley será utilizada sabiamente por aquellas mismas personas, empresas y asociaciones de autores que han incumplido repetidamente la ley:
- introduciendo obstáculos a la copia privada (en forma de DRMs)
- insultado y comparado a los internautas con criminales o terroristas
- denunciado sin base legal a decenas de webs (como se puede ver por las resoluciones judiciales)
- realizando procedimientos de dudosa legalidad (como meterse en celebraciones de boda, intentar confiscar propiedades de administradores de webs aprovechando el desconocimiento legal del susodicho)
- realizando procedimientos de dudosa ética (como cobrar derechos por obras anónimas, por conciertos benéficos, intentar cobrar por los podcast, por la radio en las peluquerías, ...)
- cobrando varias veces cánones arbitrarios a particulares y a empresas (a estos últimos, de manera ilegal según Europa)
- intentando parar la innovación a base de denuncias (como han intentado infructuosamente con Pablo Soto)
- Inventarse estadísticas de pérdidas en la industria en base a informes encargados a medida, en el mejor de los casos, o a datos inventados por ellos mismos, en la mayoría.
- Interpretando que una comunicación Peer 2 Peer (o sea de pares, que significa, de a 2) es comunicación pública y que en la definición de "lucro" entra el ahorro y disfrute visionando gratis una película como "mentiras y gordas" (que ya hay que ser desviado, joder :-)) )
la lista de majaderías es tan amplia como original y probablemente los protagonistas quieran cobrar un canon por sus andanzas, por si se convierten en una película ("Harry el sucio y las reliquias del Copyright", por ponerle un título)
¿De verdad tenemos que fiarnos de que esta gente va a buscar el interés cultural y no el monetario? ¿estas mismas empresas que descatalogan contenidos por no ser rentables? ¿seguro que van a preferir ser justas a tener más ganancias? ¿quién, que no esté borracho o se haya dado un golpe en la cabeza puede creerse semejante soplapollez?
Por eso, en aras de que la cosa le quede clarita a los políticos que mañana van dar su apoyo a la ley sinde, ya sea directamente o tácitamente (absteniéndose o no realizando ninguna reclamación para que dicha disposición sea retirada de la ley de economía sostenible), afirmo que van a conseguir que mi voto no vaya a ninguno de ellos. Es triste tener que llegar a estos extremos y probablemente a muchos de nuestros representantes les importe una puta mierda a dónde vaya mi voto, pero es así; no olvidaré quién apoyó esta cagada. Y como yo, mucha gente. De eso no os quede la menor duda.
Ah, y por cierto, para los políticos tentados de sentirse ofendidos: A esto no se le llama "injerencia externa en el proceso político". Se le llama "derecho del ciudadano a expresar su opinión". Y si me apuras, al último párrafo se puede llamar "ultimatum".
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